Informe de Reporteros Sin Fronteras: ¡Clarín lo hizo otra vez!

Bajo el título “La guerra mediática aún puede parar”, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó en su sitio digital un extenso comunicado referido a la “controversial” (así la definen) relación de las administraciones kirchneristas con la prensa, desde 2003 hasta la actualidad. En el texto, RSF reiteró su enfático apoyo a la plena vigencia a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y reclamó la regulación del suministro de papel de prensa, si bien cuestionó al Gobierno por la confrontación que mantiene con los medios de comunicación y, en particular, por la no renovación de la licencia de Fibertel.
El diario Clarín, fiel a su política de distorsión informativa en defensa de sus intereses empresarios, manipula la difusión del comunicado emitido por RSF. Bajo el título “Advierten sobre las acusaciones oficiales”, un breve texto focaliza casi exclusivamente en los mencionados cuestionamientos y sólo menciona al pasar el pronunciamiento de la organización “a favor de la Ley de Medios” y el tajante rechazo a todo intento de asimilar la situación argentina en materia de libertad de prensa a la imperante en Venezuela. El resto, un desprolijo extracto del documento. Sin embargo, mal que le pese a Clarín, el texto de RSF es bastante elocuente en dos cuestiones hoy en debate y que atañen a la posición dominante del Grupo.
Es cierto que el comunicado de la organización se mantiene a prudente distancia de la versión gubernamental acerca de las condiciones en las que se produjo la cesión de las acciones de Papel Prensa, pero es contundente respecto del proyecto oficial que propone regular la fabricación, comercialización y distribución de la pasta de celulosa y papel.
Esto dice RSF:

“Papel Prensa es la principal empresa dedicada a la fabricación de papel para diarios. Acapara el 70 por ciento del mercado local. Propiedad mayoritaria del Grupo Clarín (49%), desde su hegemónica posición, maneja e impone el precio del insumo sin ningún tipo de regulación. El Estado nacional posee el 27,46%, mientras que La Nación maneja el 22 %.
Según la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en junio de 2010, la papelera vendió a sus empresas relacionadas entre el 70 y 80 por ciento de su producción. Esto la convierte en un proveedor casi exclusivo de Clarín, La Nación y de sus sub empresas. Sucede que son pocos los medios gráficos que pueden afrontar un precio impuesto por los periódicos más grandes del país.”

Y concluye:  

“Un aspecto del caso Papel Prensa llama nuestra atención. No es nada conveniente que un único grupo de prensa posea la mitad de las acciones de la única empresa de suministro de papel de prensa y practique una tarificación sin regulación. Esta regulación es necesaria, siempre en nombre del pluralismo y del reparto justo de los medios de publicación.”

En relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), cuya vigencia boicotea el sistema de medios hegemónicos encabezado por el grupo Clarín, el comunicado de RSF señala:

“La libertad de prensa como libertad editorial no se debe confundir con la defensa de los intereses económicos de los medios de comunicación. Sobre todo de los más importantes. La ley SCA condena, efectivamente, la situación de casi monopolio de algunos grupos de prensa, pero aquél casi monopolio mediático supone un problema real de pluralismo. La SCA no tiene como objetivo, ni siquiera de manera indirecta, de reducir al silencio a los grupos de prensa concernidos. Tampoco revela un proyecto gubernamental de coerción y de acaparamiento de los medios de comunicación audiovisuales para crear un oligopolio a las órdenes del Jefe del Estado. No hubo censura directa o cierre de medios de comunicación. La situación argentina no es similar a la de Venezuela. Nadie tiene interés en mantener esta confusión, a la vez falsa y peligrosa.

La evolución legislativa en Argentina corresponde al camino emprendido por otros países de la zona (Uruguay, Brasil, Ecuador, pronto Bolivia), confrontados ellos también a una tradicional superconcentración mediática. Esta evolución, que incluye a la vez la despenalización de los delitos de prensa como en Argentina, va acompañada de la puesta en marcha de medios públicos hasta ahora débiles o inexistentes. El desarrollo de un servicio de información pública -en la medida en que el poder que la promueve respete su independencia- tampoco supone ningún problema de principio.

La SCA debe mantener su objetivo para corregir los desequilibrios del paisaje audiovisual, particularmente apremiantes en Argentina y garantizar un mejor reparto de las frecuencias entre medios privados, medios públicos en desarrollo y medios comunitarios. Por esta razón, apoyamos este texto, tal como lo hicieron los relatores especiales por la libertad de expresión de la ONU y de la OEA. Fruto de una larga reflexión en la sociedad y votado según las normas por mayoría en el Congreso, el texto se debe aplicar con, como corolario, un reparto justo de la publicidad oficial. La garantía de imparcialidad debe ser la misma en la atribución de las frecuencias. En los dos casos, bajo la égida de una autoridad de regulación independiente y que incluya a representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación.”

En fin, muchachos y muchachas que trabajan para el periodismo hegemónico: daba para algo más serio y menos tendencioso que un sueltito de 207 palabras, al pie de la página 14. Pero ustedes trabajan en Clarín, un desinformador serial para el cual manipular “está en su naturaleza”. Y que, además, sigue confundiendo la libertad de prensa con la libertad de empresa, al tiempo que niega el derecho de su público a una información veraz. Sigan juntando “muertitos” en el placard.