Juicio político: ¡Números que meten miedo!

Revisando papeles "viejos" (de antes de ayer, martes 20) nos encontramos con esta exposición del legislador porteño Julio Raffo (Proyecto Sur), en ocasión de la Sesión Especial celebrada en la Legislatura porteña: "Seamos conscientes de que la Ciudad está atravesando por un angustioso momento de crisis política institucional. Su Jefe de Gobierno, su primer magistrado, su primer mandatario está acusado de gravísimos delitos. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? Se lo acusa de infracción al Artículo 293, falsificación de documentos; le corresponde prisión de uno a seis años. Se lo acusa de infracción al Artículo 248 del Código Penal, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos; se castiga con prisión de un mes a  dos años. Se lo acusa de infracción del Artículo 153 del Código Penal, violación de secretos y privacidad; se castiga con prisión de quince días a un año. Se lo acusa de asociación ilícita, infracción al Artículo 210 del Código Penal, que se castiga con prisión o reclusión -que es más grave- de tres a diez años. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 55 del Código Penal, estos delitos tienen un mínimo de tres años y un máximo de diecinueve años de prisión. Por lo tanto, la situación es grave".
Parece que Mauricio Macri acusó recibo de este horizonte peligroso y decidió cambiar de estrategia. Ya no se trata sólo de denunciar una supuesta conspiración organizada por Néstor Kirchner en su contra ("victimización", pura y dura) sino de abrir un nuevo escenario, reclamando a sus propios legisladores que promuevan su propio juicio político.
Leemos: "Es el mejor camino previsto en la Constitución de la Ciudad y el que le va a dar un marco institucional a todo esto para que la verdad llegue lo antes posible", aseguró Macri. El jefe de gobierno porteño sostuvo que el Juicio Político, previsto en el capítulo cuarto de la Constitución local, "es el de mayor transparencia y más efectivo” entre las alternativas que se analizaron dentro del PRO para dar una respuesta a la crisis que se desató tras la ratificación de su procesamiento por parte de la Cámara Federal".
Vale señalar que el artículo 92 de la Constitución de la Ciudad establece que: "La Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen". Al respecto, el legislador Gonzalo Ruanova, del bloque Nuevo Encuentro, propuso un señalamiento interesante por su lucidez: "Es importante saber en qué causal cree Macri que incurrió cuando pide su Juicio Político, o si sólo se trata de una burda maniobra de marketing político, utilizando irresponsablemente las herramientas institucionales de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires". O sea: ¿cuál es la causal que asume Macri para que sus propios legisladores le inicien un juicio?
En todo caso, la "picardía" de Mauricio radica en que la fortaleza de su representación parlamentaria (24 legisladores propios sobre 60) garantiza un fuerte control sobre el funcionamiento de este instituto.
Digamos: la representación proporcional le garantiza a Mauricio Macri mayoría en la Sala Acusadora que sólo podría dar curso al juicio político si cuenta con el voto favorable de los dos tercios de sus miembros. Esto es: en esa Sala, de 45 miembros, 19 serán del PRO. Para poder elevar la iniciativa a la Sala de Juzgamiento, se necesita el voto favorable de 30 miembros. Suponiendo que toda la oposición vote favorablemente el juicio político, se juntan sólo 26 votos de los 30 necesarios. ¡Números que meten miedo!
En suma: buena movida del PRO ante la opinión pública.