Tirando muertos: Bonelli, Alfano, Pagni & Co. acusan al gobierno nacional por los resultados violentos de la rebelión de las policías provinciales.

La oposición política y mediática no ha vacilado en utilizar como una herramienta de erosión de la legitimidad del gobierno nacional la rebelión de policías provinciales, los consiguientes saqueos y la violencia conexa, que provocaron hasta el momento diez muertos. De un modo evidente, esta estrategia manipulatoria quedó expuesta en la última emisión de “A dos voces”, en la noche del miércoles, por TN. “¿Por qué se llegó a esto?”, preguntaba el zócalo en la pantalla, al pie de una sucesión de imágenes de violencia.
Y la voz de Marcelo Bonelli en off: “Tierra de nadie, así fueron varias provincias en estos últimos días, el vandalismo, los saqueos, la protesta policial. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Qué hizo el Gobierno nacional frente a esta situación?”.
Y luego Edgardo Alfano: “Gobernadores que no pudieron solucionar de inmediato sus problemas con la rebelión policial y un Gobierno nacional que cambió su actitud. De darle la espalda a Córdoba, al problema policial y de los saqueos terminó ayudando a los gobernadores con gendarmería y también con dinero para poder pagar los sueldos”.
Y otra vez Bonelli: “Nueve muertos en todo el país. Los saqueos, vecinos y comerciantes armados, cruces entre el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales, mientras tanto la gente estaba en el medio desahuciada. ¿Qué es lo que pasó, como se llegó a esto, qué hay detrás de esto? Lo vamos a tratar esta noche en A dos voces”.
¿Está claro, no? La estrategia es disolver la responsabilidad de cada una de las administraciones locales, borrando incluso la peculiaridad de cada uno de los conflictos en las distintas provincias, para concentrar “la carga de la prueba” (los cadáveres) en el ataque dirigido al Gobierno nacional. El massista Darío Giustozzi le repetía convencido a Bonelli: “Es la inflación”. Sí, obviamente, todos los efectivos de las fuerzas policiales de una decena de provincias descubrieron ¡al unísono! el efecto empobrecedor del alza de precios sobre el poder adquisitivo de sus salarios y ¡sin ningún tipo de coordinación! decidieron acuartelarse, generar zonas liberadas y, en algunos casos, hasta participar de los saqueos. Además: ¿pueden las fuerzas policiales hacer una huelga total y dejar librada a su suerte a la población? No, obviamente, pero no se escuchó ni un solo cuestionamiento a estas irresponsabilidades, con lo cual se las “naturalizó” y “legitimó” a futuro, en tanto es previsible que esta película de sublevaciones en cadena no haya terminado acá.
Un aparte para el “caso Córdoba”: Vale subrayar que, según los periodistas de “Clarín”, De la Sota “evidentemente tenía responsabilidad” pero, al fin de cuentas, la factura de lo sucedido se la remiten al jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Jorge Capitanich porque “no lo ayudó”, y a otra cosa. Una visión “naif”, claro. En la provincia mediterránea se incubó un conflicto que el gobernador opositor al kirchnerismo decidió en principio ignorar, al punto de irse de viaje a sabiendas de la rebelión policial en marcha, y que sólo después de la grave conmoción social resultante aceptó asumir como propio. De La Sota intentó responsabilizar al Gobierno nacional por el daño sufrido por los cordobeses saqueados, por el terror colectivo ante el desamparo, se hizo el gallito pero al final aceptó su impotencia, pidió ayuda y, forzado a reconocer la responsabilidad por la crisis política desatada por la sublevación policial en su provincia, despidió al jefe de Gabinete y a la ministra de Seguridad. ¡Un papelón! Pero el daño estaba hecho, en tanto instaló un ejemplo, para todos y todas: la extorsión de los agentes policiales que se niegan a prestar servicio y convocan al saqueo prefiguró un atajo, un método “virtuoso” para obtener inmediatas mejoras salariales. Y, además y para colmo, le puso un precio muy alto al cese del conflicto.
Sobre este asunto se expidió ayer Carlos Pagni, desde las páginas de “La Nación”, bajo el auspicioso título: “Un prematuro final para la primavera neokirchnerista”. Un artículo también obviamente dedicado a esmerilar al Gobierno nacional, donde se cuestiona al secretario de Seguridad, Sergio Berni, por no haber repuesto el orden patrullando con fuerzas federales las calles de la ciudad de Córdoba sin acuerdo del gobierno provincial (lo cual hubiera ocasionado un enorme escándalo institucional que “La Nación” y De la Sota hubieran explotado al máximo) mientras el gobernador estaba de shopping en Panamá. Y no, la Casa Rosada no lo hizo porque Carlos Zannini, el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia, no come vidrio.
Pero, lo más inquietante es este párrafo del periodista “pispeador” de mails ajenos: “De la Sota regresó a una Córdoba incendiada, con su poder de negociación muy menguado: venía de enfrentarse con la policía, acusada por la infiltración del narcotráfico. Zannini no calculó que, acorralado, De la Sota cedería a lo que le pidieran. Tampoco imaginó que, al conquistar un incremento cercano al 40%, los uniformados cordobeses serían la vanguardia de una reivindicación salarial de las demás jurisdicciones. Queda para la historia del maquiavelismo criollo determinar si el gobernador de Córdoba era consciente de que con su generosa paritaria incendiaría el resto del país. A bordo del avión que lo devolvió desde América Central tuvo más de seis horas para pensarlo”.
Y la pregunta “¿Efecto dominó o se equivocó De la Sota?”, formulada por Artemio López se actualiza: “Incertidumbre porque la ocurrencia de los hechos no culmina con los múltiples muertos y saqueos impulsados por acción u omisión por los subersivos. Los efectos institucionales desestabilizadores se perpetúan en las promesas de impunidad a los policias golpistas y los efectos desestabilizadores a nivel económico social que indujo el alzamiento y que señala de manera clara con lógica inexorable el documento del FIT que publicamos: Mientras dan aumentos que llegan al 200% del básico a los policías, se niega un plus de fin de año o doble aguinaldo para jubilados, estatales y para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo. (…) Se trata de un encadenamiento de efectos jurídicos-políticos y sociales que apuntan al plexo de la gobernabilidad democrática en el país, cuya mecha la enciende el ex gobernador cordobés con una actitud que desborda plenamente cualquier "margen de error" sensatamente imaginable en un político de ultraderecha de su ya insoportablemente extensa trayectoria”.
Y sí. El impacto de ese ejemplo construido por la derecha cordobesa se replica aún hoy en otros distritos y el resultado de esta atípica “negociación salarial” con las policías provinciales se convierte en un antecedente obviamente disponible a futuro para los intentos desestabilizadores de la oposición política, económica y mediática, la misma que el pasado 10 de diciembre intentó sacar de quicio la celebración de los 30 años de la democracia argentina y teñir los merecidos festejos de impotencia y fracaso.