Los secuestradores, además de impedirle declarar, provocaron un efecto más amplio: meternos miedo. No en vano, la desaparición hasta el presente, sin explicación, de Jorge Julio López, testigo en una causa donde se investigaban crímenes de lesa humanidad, apareció como referencia ineludible. ¿Otra vez?, nos preguntamos. Por suerte, esta vez, NO.
El ministro de Justicia, Julio Alak explicó que el programa de protección a testigos sólo se aplica cuando la justicia lo decide o el propio interesado lo reclama. Pero, habida cuenta de los bueyes con los que aramos, y que la casa de este testigo había sido baleada con armas de calibre 40, ¿no debiera instrumentarse una estrategia de protección más amplia y flexible, de custodia o cercanía, con aquellos valientes que se atreven a declarar contra los represores?
Este secuestro de un testigo adverso a las mafias ocurre en el mismo momento en que dos fuerzas de seguridad interior (Prefectura y Gendarmería) sostienen un desafío dirigido hacia el gobierno constitucional. La ruptura de la “cadena de mandos”, la sublevación argumentada en principio como respuesta ante una mala aplicación de un reordenamiento salarial, error reparado por el Gobierno nacional, se prolonga hasta el día de hoy, sin solución a la vista.
Establecer una conexión entre ambos sucesos (un secuestro, una rebelión) puede ser producto de una lectura paranoica. O puede resultar del reconocimiento de un clima político y de una acción concertada de la oposición, de algún plan que intenta socavar la legitimidad del gobierno constitucional. Más fácil: el intento de instalar en la sociedad la convicción de que enfrentamos el caos, de que Cristina carece de “autoridad“ para garantizar el orden.
Tal como lo explicó Edgardo Mocca, ayer, en “6,7,8”: “Hay una estrategia clara de la derecha, articulada por los medios de comunicación, que pasa por la “calle”. El problema es calentar la calle, dar todos los días la sensación de que hay un estado de desasosiego, de incertidumbre, y sobre todo, de falta de autoridad. Uno, a esta altura, aprendió a leer los dos principales diarios -Clarín y La Nación- buscando las pistas por dónde pasa el eje conceptual de lo que quieren meter en la opinión pública. Y lo que quieren meter es que la Presidenta no tiene autoridad, y que comente errores. Es el “plan caos“, que estaba pensado con las maniobras respecto del dólar, frenado por el cepo cambiario, un plan orientado a forzar una devaluación y producir un caos económico estratégico. Hoy, es la calle. Y la expectativa de la violencia. Hoy no encontramos a un testigo del caso Mariano Ferreyra. Todos sabemos qué significa la violencia, la sangre, cómo se ha usado en el siglo XX argentino este tipo de situaciones para desestabilizar.”
Por suerte, el testigo Alfonso Severo sigue con vida. Por suerte, y no por efecto de la acción virtuosa de las fuerzas de seguridad. Los captores decidieron no escalar más aún su acción represiva. Y punto. Pero lo cierto es que “el plan caos” sigue en curso.
